Dificultades innecesarias para legalizar actas del estado civil

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La legalización de actas del estado civil que la nueva administración Junta Central Electoral (JCE) se propone eliminar es un requisito que piden instituciones y embajadas para requerir servicios. En procedimientos como inscripción en una universidad privada, solicitud de un pasaporte u obtención de un execuátur, los usuarios deben presentar un acta de nacimiento original emitida por una oficialía del estado civil que además esté legalizada.

La mayor parte de los ciudadanos no cuentan una oficialía que ofrezca ese servicio en su provincia, debido a que existen siete a nivel nacional. Las personas que viven en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo pueden desplazarce hacia la oficina central ubicada en el sector La Feria u otra que se encuentra en la Carretera Mella, pero los que viven en otras partes del país deben viajar de una provincia a otra.

En la Región Sur solamente se pueden legalizar las actas del estado civil en oficialías localizadas en Azua y en Barahona, en la Región Norte pueden hacerlo en Santiago de los Caballeros o en Valverde, y en la Región Este únicamente en La Romana.

Además de la dificultad la distancia, algunas entidades incluyen el requisito de que la legalización se haya hecho en un plazo no mayor de 30 días.

Academias privadas como la Universidad Iberoamericana (Unibe), la Universidad Dominicana (O&M), la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) requieren un acta de nacimiento legalizada para admitir a nuevos estudiantes, a diferencia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que pide el acta.

Los usuarios en la JCE tienen la alternativa de llevarse las actas legalizar para usarlas en procedimientos para los que ella sea suficiente.

La modificación de la Ley 659 del año 1944 sobre Actos del Estado Civil no sería necesaria para que la JCE elimine la necesidad de legalizar propias actas ya que esa figura no aparece en la norma. El diputado Pedro Botello, quien ha propuesto un proyecto de modificación de dicha ley el propósito de agilizar el proceso de rectificación de actas, sostiene que no tiene sentido que un oficial legalice la firma plasmada por otro de la misma JCE.

La JCE dispone en su Manual del Oficial del Estado Civil que la Oficina Central del Estado Civil, ubicada en el Distrito Nacional, esté a cargo de autenticar o legalizar las firmas estampadas por los oficiales del Estado Civil.

El proceso no toma mucho una vez en el lugar, pero requiere una larga espera en turno por la gran cantidad de personas buscando el mismo servicio y las pocas oficinas disponibles para darlo.

Otros ciudadanos acuden a las oficialías del estado civil porque necesitan actas de defunción, de matrimonio y de divorcio para un sinnúmero de procesos legales. Estos documentos pueden ser inextensos, un costo de RD$ 500, y extracto de acta que cuesta RD$ 400.

En su primera reunión, el pleno de la JCE se propuso implementar “un proyecto para la eliminación de la legalización de actas del estado civil. En un comunicado de prensa, la recién inaugurada JCE informó que también iniciarán un plan para eliminar las trabas burocráticas en los procesos de rectificaciones de actas del estado civil.



Fuente DL

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